Por Rubén Darío Giampaoletti
Antes de comenzar resulta importante establecer la conveniencia del desarrollo de un Programa de Identidad, Compliance, en las administraciones públicas. En este sentido debemos afirmar que “favorece la detección, gestión y mitigación de riesgos de la comisión de delitos, actos ilícitos, hechos de corrupción o gestiones indebidas garantizando la promoción de buenas prácticas”.
¿Por dónde comenzar?. Para ello es necesario demostrar el escenario actual de la organización, para determinar un diagnóstico inicial que describa las actividades de la organización, a qué se dedica y cuáles son los riesgos inherentes y de control interno que podrían evitar el cumplimiento de los objetivos del organismo público.
En este sentido debe determinarse la presencia de todos los actores que conforman la organización, sus relaciones intra y extra organizacionales, como así también los criterios éticos instituidos para todos. De esta forma permite establecer los niveles de riesgos existentes, que pueden constituir situaciones de desvío de la ética planteada y deseada para su correcta gestión.
Analizado e identificado el escenario inicial corresponde comenzar a pensar y ensayar las estrategias necesarias para el logro del Programa de Identidad. En este sentido la implementación de una política de gestión de los riesgos debe constituir el punto de inicio, y para ello se necesita el compromiso de toda la organización, a todos los niveles.
No es suficiente con la mera identificación de las situaciones críticas, sino que deben alcanzarse soluciones, que solo son posibles a partir de una correcta gestión.
En relación con la identificación de riesgos es fundamental el desarrollo de un Código de Conducta de la organización, que contemple los valores éticos que se persiguen, cómo se administrará y gestionará los desvíos, y cómo se fortalecerá los aspectos positivos detectados.
El desarrollo del Programa de Identidad implica el establecimiento de un programa de gestión y documentación de la prevención, detección y gestión de los riesgos.
Además debe implementarse un Programa de Monitoreo y Avance a partir del diseño, incorporación e implementación de un sistema de medición de indicadores que contemple el fomento del trabajo en equipo, liderazgo, inteligencia emocional, capacitación integral, entre otros. Al mismo tiempo de incluir un balance social que exteriorice los avances en materia organizacional, tales como el cuidado del medio ambiente, satisfacción de la ciudadanía respecto de sus funciones públicas, mantenimiento del patrimonio histórico; y que evidencie elementos de eficiencia en sus funciones y medición de los costos de la no calidad.
Por otra parte debe fortalecerse los canales de comunicación que permitan conocer, en tiempo y forma, incumplimientos e irregularidades. Asimismo debe contemplar un canal de denuncias, redes sociales, atención al administrado, entre otros; y la protección al denunciante y el proceso de investigación.
Asociado a la importancia de la comunicación, debe implementarse una política de datos abiertos, accesible a toda la ciudadanía, actualizado y permanente.
Para la contratación pública se proyecta la implementación de controles en procesos de compra pública según el marco ISO 37001.
También debe desarrollarse un sistema de información que aborde la protección de datos de carácter personal y la seguridad física y lógica de la información.
Finalmente en cuanto al régimen contable de la organización se establece la responsabilidad respecto a las situaciones de conflictos de interés, fiscalización del gasto y el compromiso del gasto.
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