El Ejecutivo comunitario examina la situación del estado de derecho en los países de la Unión Europea. En el caso español, pone el foco sobre el CGPJ y la Fiscalía General del Estado.
La Comisión Europea, como 'guardiana' de los Tratados europeos en los que se consagra el estado de derecho y ante el creciente autoritarismo en algunos Estados miembros del este, como Hungría y Polonia, decidió hace meses ponerse a trabajar sobre el primer análisis de la situación del estado de derecho en todos los países de la Unión Europea. Este miércoles, se publicará la esperada primera edición. En la sección referida a España, a la que ha tenido acceso El Confidencial, se pone el foco en la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un tema candente especialmente en la última semana y a las puertas de que este miércoles el órgano proceda a realizar nombramientos clave en el Tribunal Supremo encontrándose en funciones.
El informe se hace eco de que el consejo lleva funcionando de forma interina y con el mandato caducado desde diciembre de 2018. "En un contexto de dos elecciones generales en 2019, una mayoría cualificada de tres quintos no fue alcanzada en el Congreso y los miembros del consejo continúan en el cargo hasta que se logre la renovación". "Es uno de los retos", señala el informe elaborado por el departamento de Vera Jourová, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea a cargo de Valores y Democracia, y de Didier Reynders, comisario de Justicia.
El Ejecutivo comunitario recoge las peticiones de los colegios profesionales para que el órgano sea renovado y las dudas sobre que tenga capacidad para proseguir con los nombramientos. Asimismo, recoge los pronunciamientos del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, solicitando que se acuerde la renovación de la institución lo antes posible. "El presidente interino se ha referido a las circunstancias actuales como 'anomalía institucional' y ha advertido de que la prolongación de la situación podría desacreditar el consejo", subraya el documento.
El asunto ha estado en el debate político en los últimos días, especialmente después del reparto de despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona el pasado viernes. En el acto Carlos Lesmes hizo público el malestar del órgano por la no asistencia de Felipe VI, una decisión que correspondía a Moncloa. Tras el pronunciamiento y después de que se conociera una llamada entre el monarca y Lesmes en la que el primero reconocía que le habría gustado estar en Barcelona, el presidente del Consejo fue criticado por distintos sectores del espectro político, pero especialmente desde Unidas Podemos, que estudia ahora "vías legales" con las que impedir los nombramientos que el CGPJ prevé llevar a cabo.
Otro de los aspectos que resalta el escrito, que este miércoles será aprobado por el colegio de comisarios, es la "relación entre la Fiscalía General del Estado y el Ejecutivo". "Está siendo discutida", señala el documento, en el que se apunta a que el hecho de que coincida en el tiempo los mandatos del Gobierno y de la fiscal general "pueden afectar a la sensación de independencia". Asimismo destaca que las comunicaciones entre el ministro de Justicia y la Fiscalía General no tienen por qué ser hechas públicas. En este sentido, se enfatiza en que se garantice la publicidad de las conversaciones entre ambos para "alejar cualquier impresión de interferencia política".
Al respecto, la Comisión se hace eco de los pronunciamientos del Consejo de Europa sobre que no solo debe ser independiente, sino también parecerlo. Las palabras sobre la independencia de la fiscal general del Estado ganan peso en un contexto en el que la actual titular del cargo es Dolores Delgado, exministra de Justicia.
Aspectos positivos
Pese a las preocupaciones en estos ámbitos, la CE reconoce que España ha fortalecido el marco de lucha anticorrupción en los últimos años y que avanza hacia una reforma del Código Procesal Penal. Asimismo, también ensalza los esfuerzos por la digitalización del sistema con el proyecto 'Justicia Digital' y las medidas para mejorar la eficiencia de los tribunales. El Gobierno considera que estos aspectos están fielmente recogidos y que muestran algunas de las bondades del sistema.
Otro de los temas sobre los que sí transmite preocupación es sobre "la legislación de seguridad pública" (la 'ley Mordaza'), la lentitud de la Justicia (especialmente en casos civiles y comerciales en el Supremo) y la "interoperabilidad entre los sistemas empleados en las distintas regiones".
En el texto no se hace ninguna referencia al ‘procés’ catalán, a pesar de que los eventos de 2017 calaron hondo en Bruselas y dañaron mucho la imagen de España en la capital comunitaria. Desde entonces el Gobierno ha empleado un mayor músculo diplomático para amortiguar, entre otros acontecimientos, la sentencia contra los líderes independentistas por el referéndum ilegal.
El objetivo europeo
El objetivo de la Comisión no está puesto sobre España. Bruselas busca desde hace años revertir las reformas judiciales y medidas controvertidas tomadas por el Gobierno ultraconservador de Polonia y por el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Ambos países tienen activado el artículo 7 de los Tratados, que permite llegar a suspender el derecho a voto en el Consejo de los Estados miembros en los que se pueda identificar una violación del artículo 2, en el que se consagran los valores y principios europeos.
Sin embargo, el artículo 7 está resultando ser poco efectivo. Bruselas ha buscado otras vías para aumentar la presión sobre el ‘eje iliberal’. En 2018 propuso un mecanismo de estado de derecho que permitiría cortar el grifo de los fondos europeos a aquellos Estados miembros cuyo ataque, por ejemplo, al sistema judicial, pudiese poner en riesgo los intereses financieros de la Unión. La presidencia alemana ha presentado una nueva propuesta sobre este mecanismo este mismo lunes.
Este mecanismo, que se negocia en el mismo paquete en el que se cierran los detalles del Fondo de Recuperación del que España obtendrá 140.000 millones y del Marco Financiero Plurianual del periodo de 2021 a 2027, podría acabar por bloquear la puesta en marcha de la respuesta europea a la pandemia. Hungría y Polonia amenazan con bloquear si se mantiene, Países Bajos o Dinamarca aseguran que lo harán si el mecanismo no es todavía más duro.
Es un asunto enormemente divisivo, en el que el nivel de agresividad es muy alto. Tanto que, como respuesta a este análisis del Ejecutivo comunitario, Varsovia y Budapest han anunciado que pondrán en marcha un instituto para emitir opiniones sobre el estado de derecho en los otros 25 Estados miembros de la Unión Europea. “El objetivo de este instituto de derecho comparado sería que no nos tomen por tontos”, explicó un ministro húngaro esta misma semana, tras acusar a Bruselas de estar aplicando un “doble rasero”.
En general, España saldrá bien parada este miércoles. Hay deficiencias, pero otros Estados miembros saben que tienen la lupa de Bruselas sobre ellos en los últimos años. No solo Polonia o Hungría: la situación se ha deteriorado mucho en República Checa, en Malta los vínculos del poder con el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia hicieron dimitir al anterior primer ministro, como ya ocurrió en Eslovaquia por el asesinato de Jan Kuciak.
Fuente: Elconfidencial
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