La propuesta de responsabilizar a las multinacionales suizas de las violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente en el extranjero no pasó. Sin embargo, sí entrará en vigencia la obligatoreidad de establecer procesos de debida diligencia.
La iniciativa sobre empresas responsables no pasó el referéndum a causa de una regla de doble mayoría (pueblo y cantones) que era necesaria para ganar: a pesar del 50,7% de los votos a favor, el texto, que pretendía responsabilizar a las multinacionales suizas de las violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente en el extranjero, fue rechazado por la mayoría de los cantones.
La iniciativa pretendía responsabilizar a las multinacionales cuando sus actividades comerciales en el extranjero vulneran los derechos humanos o las normas internacionales para la protección del medioambiente. De haber sido aprobada, esto se habría aplicado a las empresas que tienen su sede estatuaria, administración central o principal centro de actividad en Suiza.
Esta obligación afecta a las empresas que tienen su sede estatuaria, su administración central o principal centro de actividad en Suiza. Estas compañías tendrían que demostrar una diligencia razonable para prevenir eventuales daños en materia medioambiental o de derechos humanos, y asegurar que las empresas que controlan en el extranjero respeten estas nuevas exigencias.
Esto significa que cualquier persona u organización que considere que una empresa suiza ha causado perjuicios en su país podría emprender una acción civil por daños y perjuicios en Suiza, donde tiene sede la empresa.
A favor de la iniciativa se habían pronunciado varios sindicatos, los partidos de izquierda, así como un centenar de oenegés, entre ellas Amnistía Internacional, Greenpeace, Transparencia Internacional, Unicef y Terre des Hommes. Las dos principales iglesias del país, católicos y protestantes, también hacen campaña a favor del sí, al igual que cientos de empresarios suizos y un comité burgués compuesto por parlamentarios de varios partidos de derecha y centro.
Para estas organizaciones, muchas multinacionales suizas se aprovechan de la situación de países que no disponen de una justicia funcional y causan perjuicios a la población o al medioambiente sin temor a represalias.
Pese a ello, tanto el Gobierno suizo, como la mayoría del Parlamento recomendaron a los votantes el rechazo de la iniciativa, en favor del contraproyecto indirecto que ha elaborado el Legislativo. El contraproyecto obligaría a las empresas a rendir regularmente cuentas de sus actividades respecto al medioambiente, los derechos humanos y la corrupción. Asimismo impone la obligación de establecer procesos de debida diligencia en el ámbito del trabajo infantil y de los minerales extraídos en zonas de conflicto.
El comité que se opone a la iniciativa está integrado por varias organizaciones empresarias como economiesuisse, SwissMEM o SwissBanking que expresaron que si bien las intenciones de la iniciativa eran buenas, no logra su objetivo y sería perjudicial para la economía suiza. El comité teme que las empresas suizas puedan ser objeto de denuncias sin haber cometido violación alguna. Se verían por tanto en una posición de desventaja competitiva a nivel internacional y expuestas al riesgo de chantaje.
Muchas de las multinacionales con sede en Suiza son del sector de los commodities, como la minera Glencore, que tiene el paquete accionario mayoritario de las firmas que operan en el yacimiento Bajo de la Alumbrera en la provincia de Catamarca, y también tiene actividades en Bolivia y Perú entre otros países de la región.
En Perú, por ejemplo, controla la minera Volcán, un importante productor global de zinc, plata y plomo, pero también responsable de la emisión de metales pesados que provocó que unos 2.000 niños presenten síntomas crónicos de intoxicación, sufren anemia, discapacidades y parálisis, de acuerdo a lo que denuncia la comunidad de la localidad de Cerro de Pasco.
Entre la larga lista de multinacionales alcanzadas por la consulta que se vota este domingo están la alimenticia Nestlé, las farmaceúticas Roche y Novartis, la energética Mercuria, la constructora LafargeHolcim y Syngenta.
Fuente: business-humanrights y comunicarse
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