Salta: otro estudio demuestra el impacto de los agroquímicos

La investigadora Mariana Schmidt dijo que “hay que poner el foco sobre cómo se distribuyen los riesgos y las ganancias".

Profesionales del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta y de la Atención Primaria de la Salud refirieron que hay un aumento de diagnósticos de cáncer y malformaciones congénitas en el norte provincial. El dato surgió en la investigación científica “Regulaciones, políticas y conflictos por agroquímicos en Salta, Argentina”, publicada en la “Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales”, una edición de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Ecuador.

La investigación expone el debate sobre la aplicación de agrotóxicos en Salta en la producción agrícola en Salta y los conflictos que se generaron a raíz de esta situación.

Mariana Schmidt, investigadora del CONICET que además contó con financiamiento del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de la Nación para realizar esta investigación, es quien analizó los aspectos relacionados a la parte normativa, política institucional, judicial y social generada con la aplicación de las sustancias que se utilizan para la producción agrícola, sobre todo a gran escala.
La investigadora detalló en el relevamiento que “En entrevistas con profesionales de la salud del servicio de oncología pediátrica del Hospital Provincial Materno Infantil (HPMI), de la ciudad de Salta, y de Atención Primaria de la Salud del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), refirieron la existencia creciente de diagnósticos de cáncer y malformaciones congénitas”.

Según este relevamiento, los profesionales señalaron que “la mayoría de los/as pacientes en oncología pediátrica en el HPMI provienen del departamento de San Martín (entre el 35 y el 40 por ciento), al tiempo que se registra gran cantidad de leucemias y linfomas en niños/as indígenas”.

Como conclusión de esta investigación que toca un tema del que poco se habla en la provincia y que es inherente al modelo de agronegocio que se desarrolla en Salta,  Schmidt entendió que “hay que poner el foco sobre cómo se distribuyen los riesgos y las ganancias” de este sistema.
Con una historia que empezó en la región pampeana una década antes que en el NOA, parece lógico considerar la posibilidad de evaluar en la población los efectos de la aplicación de estas sustancias. Sin embargo, casi no hay datos que provengan desde la salud para cuestionar el modelo impuesto en las zonas del Chaco salteño, actualmente en emergencia sanitaria en los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán por las muertes evitables de las infancias originarias, en particular la wichí.

“Venenos útiles” y comunidades inconsultas
Al analizar la discusión legislativa en torno a las normativas que surgieron tras la estimación de los efectos nocivos de los fitosanitarios, agroquímicos o agrotóxicos, Schmidt hizo referencia a las controversias en el debate de la Ley 7.812, de 2013, cuyo objetivo es “proteger la salud humana regulando todas las acciones relacionadas con productos fitosanitarios para prevenir la contaminación del ambiente, los riesgos de intoxicación y preservar la inocuidad de los alimentos”.
Entre los ejes del debate legislativo que tuvo lugar en 2012 se identificó como uno de los principales argumentos el “insuficiente grado de conocimiento y/o de certezas respecto de los daños causados por los agroquímicos”. En palabras de un diputado: “No van a encontrar una estadística porque nunca la hubo en la provincia, no hay un trabajo en concreto sobre los efectos producidos por estos productos en ninguna región de Salta (…) cuando nos reunimos la Comisión de Producción con el sector de la Salud, vinieron los médicos y les planteamos el hecho de no contar con una estadística para conocer las reacciones que pueden producir los productos fitosanitarios, porque como sabemos en los distintos lugares en donde hay mucha producción (…), existen distintas alergias que la gente ha comenzado a tener sobre todo en la piel y en las vías respiratorias, pero nos respondieron que no existe en la provincia un registro que nos informe las causas de la contaminación que está afectando al ser humano”.
De las versiones taquigráficas de 2012 surge también otro de los hechos que atraviesa la realidad cotidiana de habitantes cercanos a las fincas en producción que usaban “los envases (de agroquímicos) como parte del techo de la casa, para soportar alguna puerta o para cortarlos y usarlos como vasija”. Entre otras escenas, los legisladores describieron cómo “los aviones de fumigación pasan por sobre las poblaciones aborígenes, donde muchas veces no les da tiempo a levantar porque se encuentran con una comunidad viviendo en una cortina de 30 metros de ancho”. Se aludió al caso de departamentos sojeros como Anta, donde, desde hacía ya una década “la fumigación aérea causaba daños porque las poblaciones que están rodeadas de la actividad de la agricultura con el tiempo comenzaron a sentir los perjuicios que provocaban los productos químicos”.
En las modificaciones durante el tratamiento legislativo se cambió el término de “agroquímico” por el de “fitosanitarios”. “Si bien se justificó en la adecuación terminológica a otras normas en vigencia, no debemos dejar de destacar lo que esto implica, al suprimir toda referencia a su naturaleza química y/o tóxica para hacer lugar a una definición que los asimila más bien a ser un ‘medicamento para plantas’, al prescindir de sus connotaciones negativas”, sostuvo Schmidt. A la inversa, también con la discusión se cambió el verbo “comprobar” los efectos en la salud, por “detectar”. Las discusiones, añadió la investigadora, se vincularon entonces con la aplicación del principio precautorio en materia ambiental.

“Una certeza recorrió la mayoría de las alocuciones”, añadió Schmidt en el artículo. En este punto, el debate legislativo adhirió a la idea que “si bien la norma afecta intereses económicos privados, no va en contra de las fuerzas del trabajo”, en un contexto en el que impera la necesidad de continuar con las actividades productivas y aplicar “venenos útiles” con tal fin.

La investigadora analizó que si bien “se realizaron reuniones y se recibieron aportes, en su mayoría de entidades productivas, en ningún caso encontramos referencias a la participación de organizaciones vecinales de los principales centros urbanos, pueblos indígenas y/o campesinos que pudieran afectarse”.

Control sí, pero sin recursos
En un relevamiento realizado a fines de 2019 a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la provincia, Schmidt indicó que se indagó sobre el modo de funcionamiento y alcances de los controles. “De acuerdo con la información que suministraron allí, son escasos los recursos (materiales y humanos) disponibles para afrontar el control y monitoreo de las más de un millón de hectáreas cultivadas, sostuvo.
Precisó que "Se realiza un promedio de 70 inspecciones anuales, en dependencia de la disponibilidad de vehículos: el programa no tiene movilidad propia y son extensas las distancias que separan a la capital provincial de las localidades afectadas por las fumigaciones. Entre las principales localidades a las cuales se llega por rutas asfaltadas están Las Lajitas (200 km de distancia), Orán (280 km) y Tartagal (360 km). Si la denuncia llegara desde una comunidad indígena como Tonono (en San Martín), son entre 500 y 600 km, en un viaje de entre siete y ocho horas, que requiere atravesar caminos de tierra de difícil tránsito en épocas de lluvia”, observó.
En esa misma línea señaló como otro obstáculo que las denuncias se pueden realizar solamente “a través de una presentación ante la División Rural y Ambiental de la Policía provincial, que elabora un acta y efectúa la derivación correspondiente, o mediante la denuncia personal y/o telefónica en la oficina central en Salta”.
El desarrollo del agronegocio en la provincia implicó deforestación, conflictos sobre la tenencia de tierras con comunidades originarias y campesinas, y 20 años de en los que falló en demostrar sus beneficios a las comunidades locales. Con la ampliación de la frontera agropecuaria se instaló la fumigación para mejorar los rindes de la producción.
Este y otros puntos se debatieron en un conversatorio que se desarrolló el 3 de diciembre pasado en Anta, el departamento que es el polo del modelo del agronegocio salteño, y en el que Schmidt expuso. Allí vecinos autoconvocadxs y organizaciones civiles dieron un paso en la necesidad del debate con especialistas con el fin de concientizar sobre un problema que los aflige, y los afecta.

La investigación completa de Schmidt puede leerse en https://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/article/view/4939/3894

Fuente: eco-sitio